Por Jorge Villalba Digalo. (Setiembre del 2014)
A nadie escapa la urgente necesidad que tenemos como
sociedad de utilizar los recursos locales para financiar el crecimiento
económico y el desarrollo social. Una tarea pendiente que tenemos los
paraguayos es la de poner en marcha los resortes legales que permitan invertir de manera eficiente y segura los fondos públicos y los fondos del
sistema previsional con miras a mejorar la calidad de vida de los sectores más
postergados de nuestra sociedad.
Estos han sido utilizados históricamente por parte de los
bancos comerciales para recolocarlos en
letras de regulación monetaria o en créditos de consumo, en el mejor de los
casos, y en el peor de ellos a atacar al guaraní especulando con la cotización
del dólar. De ahí que en el caso de los
fondos previsionales es necesaria una iniciativa seria tendiente a la
promulgación de una ley que sea el resultado de un debate ciudadano abierto, transparente y participativo, con miras a lograr una norma que asegure la calidad de las inversiones y
el retorno de los fondos.
Lamentablemente este no es
el caso de la “ley 5074/13, promulgada casi en secreto, que establece modalidades y condiciones
especiales y complementarias a la ley 1045/83 que establece el régimen de obras
públicas”. Como puede notarse, la falta
de transparencia arranca desde el mismo
título de la cuestionada ley, ya que la novedad fundamental es la posibilidad
de usar los fondos previsionales para financiar obras públicas, hecho que no se
menciona para nada en el título.
Pero la falta de transparencia no termina ahí. Ninguna
organización de trabajadores ha sido consultada acerca del uso del dinero ahorrado
por ellos durante toda su vida laboral. Tampoco se ha realizado ninguna
audiencia pública sobre este hecho de trascendental importancia para la economía
y el futuro de los trabajadores. Es más, el ejecutivo haciendo una serie de
cuestionamientos primeramente vetó la ley, anunciando el hecho con bombos y platillos. Llamativamente, una
semana después retiró el veto sin explicación alguna y en el más absoluto
silencio y la ley quedó promulgada.
Si hay algo que caracteriza a esta ley es precisamente su
falta de transparencia en su puesta en marcha. A tal punto que la mayor parte
de los parlamentarios ni siquiera saben que la misma está vigente.
Otro punto cuestionable de la ley es que no existe ningún
criterio para establecer prioridades de
en las inversiones a financiar. Y la verdad es que existe una tremenda
necesidad de dar prioridad a inversiones
que generen masivamente empleos y solucionen los problemas más acuciantes de la
población como la falta de viviendas, agua potable y alcantarillado. La ley pone en igualdad de prioridad a todos
los proyectos y por el largo listado de rutas que se pretende sean pavimentadas
parecería ser esta la prioridad de los legisladores.
El proyecto no prevé expresamente destinar fondos a la
construcción de viviendas, hospitales ni a financiar el sector industrial. Hay
si una lista de casi alrededor de un centenar de caminos a pavimentar que se
pretende financiar, además de puertos y ferrocarriles. En nuestro país las
ideas dominantes son impuestas por la clase económicamente dominante y como
este es un país sojero, las prioridades en infraestructura apuntan a todo lo
que vaya a fortalecer el modelo sojero, las necesidades sociales no cuentan
para nada.
La norma establece que el poder ejecutivo establecerá
anualmente el régimen de prioridad en las construcciones contratadas por el
Estado, cuando debería ser la norma quien establezca las prioridades con criterios de sensibilidad y responsabilidad social. Se
deberían priorizar los proyectos con alto impacto social, que aumentan el empleo y mejoran la calidad de
vida de amplios sectores de la población
hoy postergados.
La ley no puede perder de vista la calidad de las
inversiones a ser financiadas: No es lo mismo financiar la construcción de
viviendas que financiar el cultivo de la soja. Debería establecerse una tabla
que asigne puntuaciones por cantidad de mano de obra demandada, si el proyecto
es para satisfacer necesidades internas o para exportar, por el impacto
ambiental, el impacto en la salud de la población, etc. Después de todo hoy es más urgente la
necesidad de construir viviendas, alcantarillado cloacal y sistemas de agua
potable, antes que más rutas, puertos y
ferrocarriles para los empresarios de la soja, ya que es una actividad que
genera poco empleo, destruye el medio ambiente y aporta poco o nada al fisco.
Otra de las cuestiones preocupantes es que la ley no pone límites
al uso de los fondos previsionales. Lo ideal sería empezar en forma
experimental utilizando un 10% o 20% de los mismos e ir evaluando el sistema y los
resultados, e ir aplicando las correcciones que se requieran.
Otro punto cuestionable es que la ley prevé que las obras
financiadas puedan ser ejecutadas por empresas
extranjeras. Los fondos nacionales deben
ser utilizados para fortalecer a las empresas nacionales. El crecimiento del
país pasa por el crecimiento de las firmas locales. El dinero de los fondos
previsionales debe usarse exclusivamente para empresas nacionales. Y solo en
los casos en no exista capacidad local se debe recurrir al consorcio con empresas extranjeras. En ningún caso los fondos deberían utilizarse
para financiar una obra a ser emprendida exclusivamente por una firma
extranjera.
Un punto capital es establecer con precisión quien se hará
cargo de las pérdidas. No basta con decir que el Estado será el garante. Es
preciso fijar qué institución se encargará de reponer los fondos previsionales
que eventualmente se pierdan, en qué condiciones y en qué plazos. Asegurar la devolución del dinero del cual depende que los trabajadores del país tengan una vejez digna es una
condición fundamental que debería contemplar un proyecto serio .
Por todo lo dicho, la clase política y los trabajadores debe
asumir el desafío de mejorar el proyecto o sustituirlo por otro mejor de manera
que los recursos sean utilizados minimizando los riesgos y en proyectos que no
solo al crecimiento económico sino fundamentalmente al mejoramiento de la
calidad de vida de los sectores
populares.
