Todo lo que Hacienda esconde sobre el IRAGRO y nadie te lo va a contar

LA MANIPULACION DE LOS DATOS Y LA OCULTACION DE LA RECAUDACION SE AGUDIZA PARA FAVORECER A SOJEROS

Jorge Villalba Digalo

Hacienda afirma que el Iragro ha disparado la recaudación tributaria de octubre, pero sin embargo esconde cuanto es la recaudación de ese mes en concepto de Iragro. Hacienda tampoco informa de cuanto recaudó en octubre de este año cada uno de los impuestos y en el mes de setiembre para hacer comparaciones sobre el comportamiento de cada uno. Esta información se daba antes y ahora se esconde. El Iragro no ha recaudado ni la mitad de lo previsto y solamente ha servido para trabar el impuesto a la soja.

La administración del Ministerio de Hacienda hizo una pirueta estadística y tomó algunos datos sueltos para DEDUCIR que el Iragro y el IVA Agropecuario han sido los pilares de la disparada de la recaudación en octubre. Hacienda no tuvo  porqué deducir nada. Sencillamente debió mostrar los números de la recaudación de octubre por tipos de impuestos y nada más. Sin embargo, prefirió  guardar los datos oficiales  en el cajón.

¿Por qué Hacienda no  muestra los datos sobre la recaudación de octubre?. ¿Por qué Hacienda removió de su web la información mensual por tipo de impuestos?. No los muestra sencillamente porque este ha sido históricamente un ministerio funcional a los intereses sojeros y ganaderos. Y como la contribución de este sector es impresentable,  entonces es mejor guardarlos y hacer deducciones. Así  como algunos consultores funcionales a los sojeros como Manuel Ferreira, Nora Ruotti, Aldo Centurión y otros hacen periódicamente  “estimaciones” de cuanto contribuyen los sojeros y el sector agropecuario.

Hacienda para inflar el globo del Iragro lo que hizo es comparar pera con manzanas. El Iragro es un impuesto que se paga por ejercicio. Los ejercicios vencen el 30 de junio y el plazo para ponerse al dia con el pago vence en octubre. Es completamente lógico que la recaudación del Iragro aumente en octubre. Los contribuyentes pagan sus impuestos a último momento. Ahora, lo que no corresponde es comparar esta recaudación de octubre del Iragro,  porque se paga por todo un ejercicio,  con los demás impuestos recaudados en el lapso de un mes.

No tiene ninguna  importancia si el Iragro disparó o no la recaudación de octubre,  porque no corresponde comparar  la recaudación de todo un ejercicio de un impuesto determinado con la recaudación de solamente un mes de otro impuesto.

El Iragro entró en vigencia este año y este primer ejercicio  venció a fines de junio y  fue de seis meses por esta vez. Se dijo que este impuesto recaudaría 250 millones de dólares anuales por lo que era de esperar que en estos seis meses recaudará cuando menos 125 millones de dólares, ya que el grueso de la exportación de soja se da de enero a junio. Sin embargo,  el IRAGRO apenas recaudó al 30 de junio pasado 127.488 millones de guaraníes, una cifra equivalente a 27,7 millones de dólares (Tipo de cambio 4.600/dólar).

La administración de Hacienda afirma que el IRAGRO y el IVA AGROPECUARIO han disparado la recaudación del mes de OCTUBRE. Paradójicamente, Hacienda no informa acerca cuánto es lo que han recaudado el IRAGRO y el IVA AGROPECUARIO en el mes de OCTUBRE!. Sólo muestra estadísticas globales y hace deducciones en vez de mostrar los números.

Hacienda había dicho que con el nuevo Iragro se inscribirían 120.000 nuevos contribuyentes. Pero la cantidad de contribuyentes ha disminuido!. De los 61.000 que estaban inscriptos solo quedan 43.000 con la depuración realizada hace un par de meses.

Como no hay catastro, Hacienda no sabe qué cantidad de tierra tiene cada productor, por lo que no está en condiciones ni siquiera de estimar cuanto es lo que debe tributar cada uno. Esto permitió que hasta el año pasado se evada más del 90% del impuesto a la renta.

La prueba más contundente del fracaso del  Iragro, el impuesto propuesto por los grandes evasores, es que en el presupuesto del año próximo se prevé  recaudar solamente 97 millones de dólares cuando las autoridades de Hacienda, las actuales y las anteriores, y los sojeros afirmaron que el Iragro recaudaría 250 millones de dólares anuales. Evidentemente, el objetivo  no era disparar la recaudación de la renta  de 15 millones de dólares anuales  a 150 millones de dólares anuales, sino trabar una vez más el impuesto a la soja. Y lo lograron. 

LAS CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE LA SOJA

 Jorge Villalba Digalo.

 (Noviembre del 2014)

 *El cultivo de la soja es concentradora de la riqueza. Unos 4.000 empresarios concentran el 87% de las tierras sojeras y consecuentemente el 87% de las ganancias que genera.

*De las  3,.4  millones de Has.  destinadas a la agricultura  2,9 millones son de cultivos de soja, equivalente al 86%. La menor producción de rubros de consumo aumenta los precios internos y presiona sobre los índices de pobreza extrema.

*La exportación de soja en Paraguay no paga impuestos, mientras que en la Argentina soporta una carga del 35% sobre el precio de exportación y el cultivo sigue en aumento.

*Este año la exportación de la soja rondará los 3.000 millones de dólares. Una exportación así en la Argentina pagaría 1.050 millones de dólares. Esto explica porque para los sojeros la Argentina es el modelo maldito.

*El aporte fiscal de TODO EL SECTOR AGROPECUARIO el año 2015 será de 172 millones de dólares, equivalente al 4,9% de los ingresos tributarios y servirá para solventar los gastos del Estado por cinco dias, ya que se gastarán 37 millones de dólares diarios.

*La ganancia de los sojeros en las últimas cuatro zafras ha sido de 6.564 millones de dólares, suficiente como para cancelar la deuda pública (interna y externa) que ronda los 5.400 millones de dólares. Pero, en los últimos cuatro años los sojeros aportaron de Impuesto a la Renta solamente alrededor de 30 millones de dólares.

*Los empresarios de la soja son quienes más ganan, menos tributan y más evaden en un país con una de las menores presiones tributarias de América Latina. Además, son quienes más deforestan, arrasan con la biodiversidad y poblados enteros, contaminan la tierra, el aire,  las aguas superficiales y profundas así como los seres humanos, derramando 24 millones de litros agrotóxicos anualmente. A la vez son quienes más rompen las rutas, para lo cual el Estado les vende gasoil subsidiado!.

NOTA: visita mi página en Facebook GRAVAR LA SOJA.

Ganancia sojera de tres zafras da para pagar toda la deuda pública

Por Jorge Villalba Digalo

En sólo tres zafras los sojeros ganaron 6.564 millones de dólares, cifra más que suficiente para cancelar toda la deuda pública del Paraguay, pero en el periodo de tiempo que acumularon exorbitante utilidad solamente aportaron al fisco 25 millones de dólares en concepto de impuesto a la renta. El aporte ha sido del 0,4% de sus utilidades, por lo que puede deducirse que el sector sojero evade casi la totalidad del impuesto a la renta.

 

En sólo tres campañas  entre el 2010 y el 2014 los sojeros tuvieron una ganancia global de alrededor de 6.564 millones de dólares, una cifra más que suficiente como para cancelar toda la deuda pública (interna y externa)  del Paraguay que ronda los 5.400 millones de dólares.

El sector pese a ser uno de los que más utilidades obtiene, ha aportado entre el 2010 y el 2014 solamente alrededor de 25 millones de dólares en concepto de impuesto a la renta conocido como Imagro, equivalente  al 0,3% de su  ganancia.

Sin embargo, el vicepresidente Juan Afara, en el lanzamiento de la campaña sojera indicó que el gobierno no analiza nuevos impuestos al sector agropecuario en donde los empresarios de la soja constituyen uno de los sectores que más ganan, más evaden y menos aportan, al mismo tiempo son los que contaminan las aguas profundas y superficiales y los seres humanos, arrasan con la biodiversidad, los bosques y las poblaciones rurales.

En las cuatro últimas campañas sojeras se dieron tres años buenos y uno malo según datos de los propios sojeros . La campaña 2010/2011 dio 800 dólares de ganancia por cada hectárea de soja sembrada. La campaña 2011/2012 dio como resultado una pérdida de 4 dólares la hectárea. En tanto que la siguiente, la 2012/2013 tuvo un repunte y las utilidades fueron a 748 dólares la hectárea. Y finalmente, la campaña 2013/2014 habria registrado una utilidad de 640 millones de dólares.

Sumando las utilidades de estas tres campañas exitosas  la ganancia asciende a 2.188 dólares por cada hectárea, lo que multiplicado por las 3.000.000 de hectáreas que se cultivaron en promedio cada año agrícola  el resultado es una ganancia de nada menos que 6.564 millones de dólares. (ver cuadro)

La soja es un cultivo fundamentalmente empresarial. Alrededor del 90% de las tierras destinadas al cultivo de la soja están en manos de 4.000 empresarios. En consecuencia el 90%  de la riqueza producida, 5.907 millones de dólares, va a parar a manos de estos pocos empresarios.

Los grandes empresarios de la soja son los más grandes evasores del Paraguay y el gobierno de Horacio Cartes hace la vista gorda y además se opone  al impuesto a la exportación de soja y/o cualquier otro impuesto y   por el contrario les vende gasoil subsidiado. El 52% del gasoil que se consume va a parar a la producción de soja y su transporte, en el marco de un subsidio que funciona al revés, en donde los pobres subsidian a los ricos. 

El SPP guarda silencio cómplice sobre uso de fondos previsionales

Por Jorge Villalba Digalo (setiembre del 2014)

Una ley promulgada casi en secreto prevé que el gobierno use alrededor de 2.500 millones de dólares ahorrados por los trabajadores para sus jubilaciones. La ley es la 5074/13 y prevé que el dinero del sistema previsional (IPS y cajas de la Ande, Itaipù, fiscal, etc) se destinen al financiamiento de obras públicas.

La ley no establece límites, ni prioridades de obras que puedan beneficiar a los trabajadores como la construcción de viviendas, escuelas y hospitales. Tampoco establece quien, cuando y cómo se reembolsará el dinero a los trabajadores en caso de pérdidas. La ley abre la posibilidad de que los emprendimientos a ser financiado con el dinero local sea entregado a  empresas extranjeras.  La ley fue promulgada sin que los propietarios del dinero, los trabajadores o sus representantes, fueran consultados.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP),  al igual que toda la dirigencia sindical, guarda un silencio cómplice. Si no pueden hacer tan siquiera un comunicado oficial sobre este tema, en donde está en juego la jubilación de los trabajadores, creo que lo que deben hacer es renunciar masivamente a sus cargos. Antes servían aunque sea para hacer comunicados, ahora ni para eso.

Hay que mejorar la ley para el uso de fondos previsionales

Por Jorge Villalba Digalo. (Setiembre del 2014)

A nadie escapa la urgente necesidad que tenemos como sociedad de utilizar los recursos locales para financiar el crecimiento económico y el desarrollo social. Una tarea pendiente que tenemos los paraguayos es la de poner en marcha los resortes legales que permitan invertir  de manera eficiente  y segura los fondos públicos y los fondos del sistema previsional con miras a mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados de nuestra sociedad.

Estos han sido utilizados históricamente por parte de los bancos comerciales para recolocarlos  en letras de regulación monetaria o en créditos de consumo, en el mejor de los casos, y en el peor de ellos a atacar al guaraní especulando con la cotización del dólar. De ahí que  en el caso de los fondos previsionales es necesaria una iniciativa seria tendiente a la promulgación de una ley que sea el resultado de un debate ciudadano abierto,   transparente y participativo,  con miras a lograr una norma  que asegure la calidad de las inversiones y el retorno de los fondos.

Lamentablemente este no es  el caso de la “ley 5074/13, promulgada casi en secreto,  que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la ley 1045/83 que establece el régimen de obras públicas”.  Como puede notarse, la falta de transparencia arranca  desde el mismo título de la cuestionada ley, ya que la novedad fundamental es la posibilidad de usar los fondos previsionales para financiar obras públicas, hecho que no se menciona para nada en el título.

Pero la falta de transparencia no termina ahí. Ninguna organización de trabajadores ha sido consultada acerca del uso del dinero ahorrado por ellos durante toda su vida laboral. Tampoco se ha realizado ninguna audiencia pública sobre este hecho de trascendental importancia para la economía y el futuro de los trabajadores. Es más, el ejecutivo haciendo una serie de cuestionamientos primeramente vetó la ley, anunciando el hecho con  bombos y platillos. Llamativamente, una semana después retiró el veto sin explicación alguna y en el más absoluto silencio y la ley quedó promulgada.

Si hay algo que caracteriza a esta ley es precisamente su falta de transparencia en su puesta en marcha. A tal punto que la mayor parte de los parlamentarios ni siquiera saben que la misma está vigente.

Otro punto cuestionable de la ley es que no existe ningún criterio para establecer  prioridades de en las inversiones a financiar. Y la verdad es que existe una tremenda necesidad de dar prioridad a  inversiones que generen masivamente empleos y solucionen los problemas más acuciantes de la población como la falta de viviendas, agua potable y alcantarillado.  La ley pone en igualdad de prioridad a todos los proyectos y por el largo listado de rutas que se pretende sean pavimentadas parecería ser esta la prioridad de los legisladores.

El proyecto no prevé expresamente destinar fondos a la construcción de viviendas, hospitales ni a financiar el sector industrial. Hay si una lista de casi alrededor de un centenar de caminos a pavimentar que se pretende financiar, además de puertos y ferrocarriles. En nuestro país las ideas dominantes son impuestas por la clase económicamente dominante y como este es un país sojero, las prioridades en infraestructura apuntan a todo lo que vaya a fortalecer el modelo sojero, las necesidades sociales no cuentan para nada.  

La norma establece que el poder ejecutivo establecerá anualmente el régimen de prioridad en las construcciones contratadas por el Estado, cuando debería ser la norma quien establezca las prioridades  con criterios de  sensibilidad y responsabilidad social. Se deberían priorizar los   proyectos con alto impacto social,  que aumentan el empleo y mejoran la calidad de vida  de amplios sectores de la población hoy postergados.

La ley no puede perder de vista la calidad de las inversiones a ser financiadas: No es lo mismo financiar la construcción de viviendas que financiar el cultivo de la soja. Debería establecerse una tabla que asigne puntuaciones por cantidad de mano de obra demandada, si el proyecto es para satisfacer necesidades internas o para exportar, por el impacto ambiental, el impacto en la salud de la población, etc.  Después de todo hoy es más urgente la necesidad de construir viviendas, alcantarillado cloacal y sistemas de agua potable, antes que más rutas,  puertos y ferrocarriles para los empresarios de la soja, ya que es una actividad que genera poco empleo, destruye el medio ambiente y aporta poco o nada al fisco.

Otra de las cuestiones preocupantes es que la ley no pone límites al uso de los fondos previsionales. Lo ideal sería empezar en forma experimental utilizando un 10% o 20% de los mismos e ir evaluando el sistema y los resultados, e ir aplicando las correcciones que se requieran.

Otro punto  cuestionable es que la ley prevé que las obras financiadas puedan ser ejecutadas por  empresas extranjeras.  Los fondos nacionales deben ser utilizados para fortalecer a las empresas nacionales. El crecimiento del país pasa por el crecimiento de las firmas locales. El dinero de los fondos previsionales debe usarse exclusivamente para empresas nacionales. Y solo en los casos en no exista capacidad local se debe recurrir al consorcio  con empresas extranjeras.  En ningún caso los fondos deberían utilizarse para financiar una obra a ser emprendida exclusivamente por una firma extranjera.

Un punto capital es establecer con precisión quien se hará cargo de las pérdidas. No basta con decir que el Estado será el garante. Es preciso fijar qué institución se encargará de reponer los fondos previsionales que eventualmente se pierdan, en qué condiciones y en qué plazos.  Asegurar la devolución del dinero  del cual depende que los trabajadores  del país tengan una vejez digna es una condición fundamental que debería contemplar un proyecto serio .

Por todo lo dicho, la clase política y los trabajadores debe asumir el desafío de mejorar el proyecto o sustituirlo por otro mejor de manera que los recursos sean utilizados minimizando los riesgos y en proyectos que no solo al crecimiento económico sino fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de vida de  los sectores populares.  

Cartes usará US$ 2.000 millones de los trabajadores para financiar obras

Por Jorge Villalba Digalo (26/08/14)

Una promulgación rodeada del más absoluto silencio ha tenido la ley 5074/13 que permite al sistema previsional financiar obras de infraestructura. En principio el presidente Cartes vetó el proyecto de ley en octubre del año pasado. Una semana después, dictó otro decreto por el cual retiraba el veto al proyecto de ley. Una contramarcha sobre la que no se dio ninguna información y ningún medio de prensa se hizo eco hasta hoy. El 22 de noviembre Diputados devolvió al ejecutivo el decreto por el cual vetaba parcialmente lo que hasta en ese entonces era un proyecto de ley, hoy convertida en una ley plenamente vigente.  

Un total de alrededor de 2.000 millones de dólares que constituyen los fondos del sistema previsional paraguayo pueden ser utilizados por el poder ejecutivo para el financiamiento de obras de infraestructura por parte de empresas paraguayas y extranjeras. La devolución de los fondos está garantizado por el estado y pueden ser utilizados para la construcción de rutas, vías férreas, puentes, aeropuertos, acueductos, generación y transmisión de energía, agua potable y alcantarillado, entre otros.

Ningún medio pudo hacerse eco,  de la promulgación de la ley 5074/13, como consecuencia de la forma casi secreta en que el presidente Horacio Cartes dictó el decreto 499 el 21 de octubre del año pasado,  por el cual dejaba sin efecto su anterior decreto, 484,  que objetaba  parcialmente el proyecto de ley. Ese mismo 21 de octubre  Cartes comunicó del  hecho al Congreso Nacional, sin publicidad alguna del  hecho y la Cámara de Diputados resolvió devolver al titular del ejecutivo el decreto 484/13 que objetaba el proyecto de ley. (la ley  está disponible enhttp://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id=8371 ).

La norma ya promulgada y nunca divulgada por ningún medio de prensa, en una de sus partes más substanciales expresa que se autoriza a todas las entidades previsionales oficiales del país, tales como el Instituto de Previsión Social, la Caja Fiscal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empelados de Bancos y Afines, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad, la Caja de Jubilaciones de la Entidad Binacional Itaipú y otras similares creados y/o a crearse, a financiar estas obras y servicios.

Si bien la ley autoriza a las entidades previsionales el uso, en el fondo quien seguro tomará la decisión de usar o no los fondos previsionales es el presidente Horacio Cartes.

La norma agrega que todos los fondos de financiamientos captados en el marco de la aplicación de la presente ley tienen la garantía soberana del Estado paraguayo, y la aprobación del gobierno nacional y del Banco Central del Paraguay de la utilización del convenio de pagos y créditos recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración.

En todas las obras y servicios públicos (rutas, vías férreas, puentes, puertos aeropuertos, hidroeléctricas, generación de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución de energía, saneamiento, agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes, telecomunicaciones, acueductos, poliductos, alcoductos, oleoductos, gasoductos y otros que podrán agregarse) los contratos estimados conforme a la ley 1535/99 de administración financiera del estado que fueren gestionados, adjudicados y contratados en el marco de aplicación de la ley 2051/03 de contrataciones públicas y disposiciones concordantes serán por los proyectos especificados en la licitación o concurso de precios respectivos que podrán ser: proyectos-financiamientos, construcción-fiscalización.

Todos los fondos de financiamientos aplicados a emprendimientos estimados, gestionados y contratados en el marco de la Ley 1535/99 de administración financiera del estado y la ley 2051/03 de contrataciones públicas, sus decretos reglamentarios y normativas concordantes, tienen la garantía soberana del Estado paraguayo. Aunque el proyecto no aclara quien, ni cuando, ni en qué condiciones se devolverá el dinero a los trabajadores.